Y lo social, ¿cuándo? Una mirada crítica a las salvaguardas y la sostenibilidad incompleta

Sostenibilidad/ASG
Escrito por María del Pilar Aja Montes

En el discurso global de la sostenibilidad, los factores sociales suelen ocupar un segundo plano frente a las métricas ambientales. Nos hemos vuelto expertos en medir huella de carbono, eficiencia energética o uso del agua, pero seguimos sin saber cómo medir con precisión la desigualdad o la seguridad; es más, parece que no existe la intención de medirse. Esta omisión no es inocente ni inofensiva: está moldeando una sostenibilidad incompleta, donde lo humano queda subordinado a lo técnico.

Y LO SOCIAL, ¿CUÁNDO?

“No se trata de juzgar, sino de actuar con intencionalidad”

-Pilar Aja

El sesgo ambiental del discurso ESG

La evolución de los reportes de sostenibilidad ha estado marcada por el predominio de la E en ESG (Environmental, Social and Governance). Esto se refleja en las regulaciones, las inversiones y las herramientas de medición. La mayoría de las taxonomías como la europea y la panameña abordan la S en ESG desde las salvaguardas sociales, desaprovechándose su potencial como catalizadores de impacto positivo y para evaluar riesgos y oportunidades.

El marco de referencia más utilizado —el marco regulatorio europeo— ha demostrado ser útil, pero insuficiente. Estas salvaguardas funcionan como un checklist para no dañar, pero no necesariamente para transformar. Sin embargo, la buena noticia es que la Comisión Europea está trabajando en una Taxonomía Social complementaria, donde sí se incluirían:

  • Indicadores sociales positivos.

  • Contribución directa al bienestar de trabajadores, consumidores y comunidades.

¿Qué pasaría si dejáramos de pensar lo social como requisitos mínimos y empezáramos a pensarlo como un valor que debe maximizarse?

Taxonomía mexicana y el reto de integrar lo social

La reciente publicación de la Taxonomía Sostenible de México es un paso importante hacia la institucionalización de las finanzas sostenibles. Si bien su enfoque inicial ha sido principalmente ambiental, se caracteriza por ser la primera en Latinoamérica -y probablemente otras regiones- que es realmente Sostenibles al integrar la como un factor social en su capítulo 3 la Igualdad de Género, con su propia manera de medirse a través del índice de Igualdad de Género (IIG).


Siendo este el único factor social incluido se puedo decir que ha relegado los factores sociales a una segunda fase de desarrollo. Se reconoce que lo social “vendrá después”, pero eso abre un margen de tiempo (y de impacto) que puede ser crítico.

Aún no se han puesto sobre la mesa -al menos públicamente- qué factores sociales se están revisando para ser incluidos en la segunda edición de la Taxonomía mexicana. Ni si estos consideran los tres alcances utilizados comúnmente en los factores sociales, es decir;

        i.            el bienestar de los empleados,

      ii.            la responsabilidad frente a los clientes y

    iii.            el impacto en las comunidades.

De las salvaguardas a los derechos: una propuesta

Es momento de dejar atrás el paradigma de las “salvaguardas sociales” como simples mecanismos de prevención y avanzar hacia un marco de promoción de derechos humanos, equidad e inclusión desde el diseño mismo de los proyectos. Esto implica dejar de pensar desde una visión individualista y adoptar una visión colectiva que reconozca a las empresas como partes relevantes de la sociedad cuya doble materialidad tiene un impacto sistémico en el tejido social. Es importante no ver a las comunidades como obstáculos o beneficiarios pasivos y empezar a verlas como actores estratégicos.

Proponemos que las instituciones financieras y las empresas integren de forma obligatoria indicadores sociales que además puedan ser medidos y accionados. Así como el cambio climático y el estrés hídrico, los fenómenos sociales tienen que analizarse desde la realidad de cada empresa, pues factores como inclusión financiera, participación comunitaria, generación de empleo digno, seguridad, entre otros; dependen de características como zona geográfica, sector, e incluso los valores y estrategias de cada empresa. Esto no solo elevaría el estándar social de los proyectos, sino que también fortalecería la resiliencia de las inversiones en el largo plazo.

Hay retos, pero es posible

Estamos acostumbrados a escuchar “soluciones basadas en ciencia”, que se refiere de manera general a cualquier acción ambiental respaldada por evidencia científica. Sin embargo, parece que se nos ha olvidades que las ciencias sociales también son ciencia y existen muchos trabajos académicos que hay utilizado el método científico para analizar la desigualdad, la migración, la seguridad (especialmente respecto al crimen organizado) y muchos otros fenómenos sociales.

Pensemos, por ejemplo, en el Coeficiente de Gini que fue creado por el estadístico italiano Corrado Gini en el año 1912. Este indicador se ha convertido en una de las medidas más utilizadas globalmente para analizar la desigualdad económica y social, mide la desigualdad en la distribución del ingreso o la riqueza dentro de una población. Su valor va de 0 (igualdad perfecta) a 1 (desigualdad total).

Por su metodología puede ser fácilmente aplicado a las empresas, lo que resultaría en un referente respecto a la desigualdad que se presenta entre los colaboradores que menos ganan y los que más ganan. ¿Qué pasaría si los directores, accionistas, inversionistas y otros grupos de interés vieran que la desigualdad dentro de su organización es mayor a la del país donde se encuentran? Quizá surjan justificaciones, o en el mejor de los casos acciones; pero sin duda los haría reflexionar.

No es información fácil de digerir, ninguna empresa quiere reconocer que paga de manera injusta a sus trabajadores, pero tampoco ha resultado cómodo que divulguen sus emisiones de gases de efecto invernadero y su consumo de agua. No se trata de juzgar, sino de hacer conciencia y actuar en conciencia, actuar con intencionalidad para pagar salarios dignos que reflejen el interés de ser una empresa equitativa. ¿Los beneficios? Trabajadores más comprometidos, mayor atracción de talento, reducción de fraudes internos e incluso mayor lealtad de los clientes.

Esto es un aspecto interno, pero qué pasa con los fenómenos externos. Particularmente me preocupan y ocupan dos: la corrupción y el crimen organizado (sobre todo el que conlleva violación de derechos humanos o rompimiento del tejido social).

Una teoría propia del porqué el marco europeo no ha incluido indicadores de factores sociales, es por su contexto. Los países de esa región suelen tener los mejores índices de seguridad y protección de derechos humanos, si bien tienen problemas sociales, estos no tienen una magnitud suficientemente alta para significar una preocupación para las empresas.

Pero regresos a Latinoamérica, particularmente a México, los niveles de corrupción y la presencia de crimen organizado representa un riesgo enorme para las empresas. Riesgos que se han materializado en la “necesidad” de pagar sobornos o extorciones para poder operar en ciertas jurisdicciones. Es sabido, pero no se suele hablar de ello, que incluso algunas empresas ya tienen presupuestado este “gasto”.

En 2024, el impacto económico de la violencia en México ascendió a aproximadamente 4.5 billones de pesos, lo que representa el 18% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, según el Índice de Paz México 2024 del Instituto para la Economía y la Paz (IEP)

No estoy recomendado que de un día para otro las empresas expongan los recursos que pagan en extorciones o sobornos, que sin duda traería no solo riesgos legales y reputacionales, sino posibles repercusiones de parte de las propias organizaciones delictivas. Pero por eso gran parte de la sostenibilidad se trata de ser creativos, en los reportes de sostenibilidad podrían utilizarse indicadores genéricos como el monto destinado al factor de seguridad, donde se podrían incluir estos gastos y otros como fraudes externos o internos, pago a agencias de seguridad o escoltas, etc.

Así mismo, el Estado puede recabar información con cierta secrecía -como en el caso de los reportes de PLD/FT a través de la UIF- para contar con un mejor panorama y que se propongan acciones interseccionales que contribuyan a abordar este complejo fenómeno social.

Las empresas tienen un papel privilegiado para generar impactos positivos en la sociedad, es más algunas empresas ya tienen programas o políticas que bien podrían incluirse en los reportes de sostenibilidad. Un ejemplo particularmente interesante es son Volaris (México) que desde 2021, ha capacitado a miles de empleados bajo el protocolo “Código ECPAT”, en colaboración con la organización internacional ECPAT, para detectar y prevenir la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo. Además, en 2024, la aerolínea lanzó la campaña “Ojos en el Cielo” para sensibilizar a sus clientes y al público en general sobre la importancia de identificar y reportar señales de trata de personas durante los vuelos.

Conclusión: la sostenibilidad no puede ser neutral

Lo social no puede seguir siendo la letra chiquita de la sostenibilidad. La omisión de lo humano y fenómenos sociales no es técnica, es política. La sostenibilidad que no integra la equidad, dignidad y justicia social es un privilegio verde que deja fuera a quienes más necesitan el cambio.

La pregunta ya no es si debemos integrar los factores sociales, sino cómo y con qué urgencia. Si queremos modelos económicos verdaderamente sostenibles, inclusivos y resilientes, lo social debe ser el punto de partida, no una salvaguarda mínima.

Referencias:

María del Pilar Aja Montes